Un Choque Inevitable

La Ley 18-2013 elimina fundamentales mecanismos de justicia a nuestra Rama Judicial y limita el poder de administración del Tribunal Supremo. Un ejemplo es la eliminación del recurso de certificación entre tribunales locales. Esto obligaría a las partes a incurrir en costos innecesarios y a someterse a trámites prolongados cuando ello es injustificable.

La Ley 201 de 2003, Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue aprobada por la entonces Gobernadora, Hon. Sila M. Calderón. El Artículo 3.002 de esa Ley reguló la competencia del Tribunal Supremo y estableció el recurso de certificación intrajurisdiccional. Por una década, y tras varios cambios de Gobierno, dicho artículo permaneció inalterado hasta la Ley 18-2013.

El subinciso (e) de ese Artículo permitía traer inmediatamente ante el Tribunal Supremo cuestiones noveles de derecho o cuestiones de alto interés público que incluyeran cualquier cuestión constitucional sustancial. Ese mecanismo procesal estuvo disponible para resolver cuestiones de alto interés público que requirieron certeza y resolución inmediata sin tramitación innecesaria en los foros inferiores. Esto pues, de ordinario, las cuestiones de alto interés público siempre llegan al Tribunal Supremo. Al amparo de esa regla procesal, el Tribunal Supremo tuvo ante su consideración inmediata importantes controversias como el caso de los “pivazos” que le dio la victoria electoral al ex Gobernador, Hon. Aníbal Acevedo Vilá; cuando este último intentó reducir unilateralmente el presupuesto de otras ramas de gobierno; Paseo Caribe; Ley 7-2009; la huelga en la U.P.R.; acceso a las gradas del hemiciclo a miembros de la prensa; la reforma legislativa; y el voto de los excluidos por inactividad.

En Rivera v. J.C.A., 164 D.P.R. 1, 8 (2005), el Tribunal Supremo afirmó que “cuando un asunto requiera urgente solución, bien porque se afecte la administración de la justicia o bien porque el asunto exija una pronta atención por su importancia, el auto de certificación es un valioso instrumento para adelantar estos objetivos”. Y es que, la administración de la justicia es un deber inherente del Tribunal Supremo y la Asamblea Legislativa no puede intervenir con esa obligación puramente judicial.

El mejor ataque a la Ley 18-2013 la dijo hace más de 60 años el delegado a la Convención Constituyente, Lcdo. Ernesto Ramos Antonini, al afirmar que “es tan indispensable a la independencia del poder judicial la administración de los tribunales de justicia en manos del poder judicial, que consideramos que ésta es toda la contestación que debemos dar oponiéndonos a la enmienda presentada”. Pág. 617 del Diario de Sesiones.